oportunidad

LETRAS, RETAZOS Y RETOZOS
Jorge Herrera Velasco
Contacto: jorgerre@yahoo.com

OPORTUNIDAD Y OPORTUNISMO

En el ámbito laboral se utiliza frecuentemente el concepto de “dar la oportunidad” para referirse al otorgamiento de un puesto de trabajo a alguien; quien la recibe, está obligado a utilizar los recursos puestos a su disposición para desempeñar las funciones que lo lleven a lograr el objetivo previsto. Tal oportunidad puede provenir del proceso de selección que el patrón aplique o por la designación que realice. En el caso de un puesto de elección popular, es la votación mayoritaria la que ordena quien es el elegido para ocuparlo.

Para los “ciudadanos de a pie” que no estamos involucrados en los ámbitos de la aplicación de la justicia en nuestro país, pero sí tenemos interés en que ésta salga del marasmo que significa que la impunidad delincuencial rebase holgadamente el noventa por ciento, resulta difícil, o imposible, aceptar que muchos de los grandes delincuentes, refiriéndome específicamente a quienes han afectado seriamente al erario público estén libres y a salvo de toda acción penal o, en pocos casos, recluídos “en la comodidad de su hogar” y, cabe suponer, disfrutando de su botín.

Parecería que se ha diseñado una estrategia para que salgan indemnes muchos de los infractores de la ley, que más bien debían llamarse “burladores” de la ley, donde caben las varias raleas de delincuentes. Entre éstos ocupan un lugar especialmente odioso aquellos que, habiendo sido depositarios de la confianza otorgada por el voto popular, han resultado indignos por su reprobable comportamiento en el desempeño de su función. Es innumerable la cantidad de gobernantes de todos los niveles y adscripciones que han perpetrado serios agravios contra quienes confiaron en ellos. Casi siempre tales criminales han actuado en contubernio con quienes ellos mismos han designado para realizar funciones inherentes a su cargo o derivadas de éste; con frecuencia así nacen las redes de corrupción y los pactos de impunidad.

La oportunidad de desempeñar un trabajo para servir a una comunidad se troca, en no pocas ocasiones, en un oportunismo para provecho personal, sea económico o político. Con demasiada frecuencia somos testigos de flagrantes violaciones que gobernantes y funcionarios hacen de los principios éticos más elementales. Aquí algunos ejemplos que han sido práctica habitual, o al menos frecuente, de tales sujetos: comprar bienes pagando un sobreprecio que redundará en beneficio propio: planta de Agronitrogenados en Coatzacoalcos; recibir sobornos por votar la aprobación de leyes: dinero de Odebrecht entregado a legisladores para legalizar la reforma energética; utilizar la máxima tribuna del país para denostar a quien manifieste posicionamientos diferentes al propio: el Presidente de la República insultando a la prensa adversa a su ideología; autorizar despilfarros a costa del dinero público: la compra de una aeronave que, ya con adaptaciones especiales, costó más de doscientos millones de dólares; contratar deuda pública prácticamente impagable que lastrará las posibilidades futuras de desarrollo: el endeudamiento del Estado de Coahuila aumentó más de cien veces en el sexenio 2005-2011; aducir la autonomía de un organismo constitucional para no sujetarse a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y autoasignarse sus percepciones: un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación gana casi el triple que el Presidente de la República; recurrir a la adjudicación directa en vez de licitar para el otorgamiento de contratos para las compras gubernamentales: la asignación que hizo el IMSS a la empresa Cyber Robotics Solutions, para la adquisición de veinte ventiladores respiratorios con un sobreprecio cercano al ochenta por ciento en relación a otros en el mercado; impulsar la candidatura de alguien indiciado de cometer delitos graves: caso del candidato a gobernador del Estado de Guerrero por parte del Partido Morena; e t c é t e r a . . .

En el año 2008 quedó establecido en el marco de justicia penal en México, la figura de “criterio de oportunidad”, que permite que una procuraduría o fiscalía no ejerza acción penal contra una persona que haya sido imputada de la comisión de un delito. Para que esto ocurra se tienen los siguientes requisitos: que dicho delito tenga baja repercusión social o carecer de ella; o que la responsabilidad del imputado sea mínima; o que el imputado aporte información suficiente y verídica para que la procuraduría o fiscalía pueda ejercer acción penal contra quien el imputado señale como responsable o corresponsable del delito que se le adjudica. La adopción de tal criterio se justificó al considerar que, dada la imposibilidad de las procuradurías o fiscalías para atender la totalidad de las denuncias generadas por la comisión de delitos, conviene aplicar una atención selectiva tomando en cuenta la trascendencia de la afectación causada al interés público.

Ante esto, el ciudadano común se siente burlado al ver cómo el paquidérmico sistema de justicia parece proteger a los delincuentes que han medrado con todo oportunismo utilizando las oportunidades que el pueblo les otorgó. Ahora, para salir mejor librados en sus condenas pueden recurrir al atractivo “criterio de oportunidad”; esto en el supuesto, bastante improbable, de que los sujetos indiciados sean encausados por sus crímenes.

Tal parece que con ninguna de las cuatro “T” nos hemos podido librar de la fatalidad que nos acosa.

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